INVERSIONES REALIZADAS ANTES DE LA CRISIS ¿PUEDEN CONTRIBUIR AL ALIVIO FISCAL DE LAS EMPRESAS?

Por: Danny Espinosa T.

Asesor Tributario – Lexvalor Abogados

 

Los efectos del COVID-19 en la economía mundial y nacional han sido fuerts. El comercio limitado, la paralización de empresas y la baja demanda, han resultado en que algunos protejan estrictamente el flujo económico con el que cuentan. Para ciertas compañías, uno de los egresos más significativo es el pago de tributos al Estado, por lo que se han preguntado cómo podrían aliviar sus cargas fiscales. El régimen tributario ecuatoriano prevé diversos beneficios e incentivos, por lo que especialmente en tiempos de crisis, surge la necesidad de analizar la correcta aplicación de éstos últimos.

 

Allá en el año 2018, con la intención de que la economía mantenga equilibrio y se produzca mayor ingreso de divisas al país, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo (en adelante Ley de Fomento Productivo), publicada el 21 de agosto de 2018 en el Registro Oficial Suplemento 309.

                                                                                                                    

Dicho cuerpo normativo introdujo varios beneficios fiscales, siendo uno de los más importantes la exoneración del Impuesto a la Renta para nuevas inversiones productivas en sectores priorizados. Si bien en tiempos actuales resulta difícil hablar de inversiones en vista del impacto negativo que ha causado el COVID-19 en la economía, resulta pertinente analizar cómo acciones ejecutadas antes de la crisis podrían ayudar a compañías y comercios a aliviar sus cargas fiscales y cuidar el flujo de recursos.

 

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Fomento Productivo, la exoneración del Impuesto a la Renta podrá ser aplicada por empresas nuevas o existentes, siempre que la inversión cumpla los siguientes requisitos: i) que sea nueva y productiva; ii) que inicie después de la vigencia de la Ley de Fomento Productivo; iii) que se realice en un sector priorizado; y, iv) que genere empleo neto.

 

Además de lo anterior, existe un requisito de territorialidad para determinar el número de años en los que se puede aplicar el beneficio. Las inversiones realizadas en cantones fronterizos (en los sectores industrial, agroindustrial y agroasociativo) tendrán el beneficio por 15 años; las inversiones realizadas fuera de las jurisdicciones urbanas de los cantones Quito y Guayaquil podrán tomar la exoneración por 12 años; mientras que las inversiones realizadas dentro de las jurisdicciones urbanas de los mencionados cantones gozarán del beneficio por 8 años. Dicho esto, a continuación se desarrolla cada uno de los requisitos enunciados.

 

 

Según el artículo 13 del COPCI, para que una inversión pueda ser considerada como nueva y productiva, debe existir un flujo de recursos destinados a: i) incrementar el acervo de capital de la economía; ii) producir bienes y/o servicios; iii) ampliar la capacidad productiva; y, iv) generar fuentes de trabajo.

 

Un claro ejemplo de lo que podría catalogarse como una nueva inversión productiva es la importación de maquinaria. En este modelo, se ha incrementado el acervo de la economía al adquirir equipos que no se encontraban en el país, los cuales servirán para ampliar la producción de bienes y/o servicios, además de que regularmente se deberán aperturar nuevas plazas de trabajo para la operación y manejo de la maquinaria.

 

Resulta importante señalar que el mero cambio de propiedad de activos productivos que se encontraban en funcionamiento antes del inicio de la inversión, así como los créditos para adquirirlos, no implica inversión nueva.

 

 

La inversión debe iniciar a partir de la vigencia de la Ley de Fomento Productivo, es decir, desde el 21 de agosto de 2018. En consecuencia, resulta importante identificar si el inversor ha realizado algún tipo de desembolso desde la referida fecha. Adicionalmente, la norma habla del “inicio de la inversión”, por lo que en caso de mantener un proyecto a largo plazo que se ha interrumpido por la crisis, el beneficio se podrá aplicar de forma proporcional a lo efectivamente cumplido.

 

 

De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, existen 18 sectores priorizados, los cuales generalmente se relacionan a campos económicos sensibles o que necesitan mayor desarrollo. Entre los más utilizados por inversores se encuentran los relacionados con el sector agrícola, producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; servicios logísticos de comercio exterior; exportación de servicios; desarrollo y servicios de software, infraestructura digital y servicios en línea; además del sector industrial, agroindustrial y agroasociativo[1].

 

 

El cumplimiento de este requisito se realizará en atención a la categoría de empresa[2], para lo cual resulta necesario identificar si, a la luz de la Ley de Fomento Productivo, la empresa inversora es existente (constituida antes del 21 de agosto de 2018) o nueva (constituida después de 21 de agosto de 2018).

 

Las empresas existentes deberán incrementar su empleo neto atendiendo a la mediana de trabajadores correspondiente al año anterior a la ejecución de la inversión, siendo necesario aumentar al menos un trabajador para micro, pequeñas y medianas empresas; y, el 3% de la mediana para grandes empresas. El incremento de empleo deberá cumplirse durante el periodo de ejecución de la inversión.

 

Por su parte, las empresas nuevas serán categorizadas luego del primer año en que generen ingresos operacionales y deberán cumplir con el mínimo de empleo de acuerdo con su categoría, lo cual deberá alcanzarse en un período igual al transcurrido desde la creación de la empresa hasta la obtención de sus primeros ingresos operacionales.

 

Tanto las empresas existentes como nuevas, deben mantener el nuevo promedio anual de trabajadores durante los años que resten para la aplicación del incentivo fiscal. En caso de que la compañía inversora no logré cumplir con el requisito de empleo, podrá solicitar el CEPAI la exoneración de la referida condición, para lo cual la inversión deberá cumplir otros parámetros, como ser intensiva en tecnología, producir exportación de servicios, entre otros[3].

 

Tras revisar el cumplimiento de los requisitos expuestos, el inversionista deberá establecer el tratamiento para la aplicación del beneficio. Así, las compañías existentes podrán tomar el beneficio de forma proporcional, ya sea mediante diferenciación en su contabilidad de los ingresos y demás importes ligados a la nueva inversión; o, a través de aplicar la fórmula para determinar el porcentaje de reducción en tarifa[4]. Por su parte, las nuevas empresas podrán aplicar la exoneración de Impuesto a la Renta a la totalidad del tributo generado por las nuevas inversiones productivas.

 

Este incentivo tributario es declarativo, por lo que las compañías que lo apliquen podrán utilizarlo directamente en su formulario de Impuesto a la Renta sin necesidad de trámite o autorización adicional.

 

En momentos difíciles todo ahorro es positivo, por lo que la aplicación correcta del referido beneficio podría reducir la carga fiscal de inversionistas que hayan iniciado proyectos antes de la crisis. Como se mencionó en la introducción, la exoneración analizada es solamente uno de los beneficios existentes en la normativa tributaria, razón por la cual se recomienda que cada compañía analice minuciosamente los que podrían emplear y los apliquen en la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 que se encuentra próxima a ser presentada.

 

[1] Además de los sectores referidos, la norma establece los siguientes: i) cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; ii) metalmecánica; iii) petroquímica y oleoquímica; iv) farmacéutica; v) turismo, cinematografía, audiovisuales y eventos internacionales; vi) energías renovables; vii) biotecnología y software aplicados; viii) eficiencia energética; ix) industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables; x) los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones; xi) servicios de infraestructura hospitalaria; xii)  servicios educativos; y, xiii) servicios culturales y artísticos.

[2] El Reglamento de Inversiones del COPCI establece la siguiente categorización de empresas: i) micro: ingresos anuales iguales o menores a US$300.000 y de 1 a 9 trabajadores; ii) pequeña: ingresos anuales entre US$300.001 a US$1´000.000 y de 10 a 49 trabajadores; iii) mediana: ingresos anuales entre US$1´000.000 a US$5´000.000 y de 50 a 199 trabajadores; y, iv) grande: ingresos anuales iguales o superiores a US$5´000.001 y de 200 trabajadores en adelante.

[3] Los parámetros se encuentran en el artículo 5 de la Resolución 001-CEPAI-2019 del CEPAI, publicada en el Registro Oficial 458 el 01 de abril de 2019.

[4] La fórmula y demás parámetros a considerar se encuentran el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Fomento Productivo, publicado en el Registro Oficial Suplemento 392 el 20 de diciembre de 2018.