APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR FUERZA MAYOR EN
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

Por: Erika Irigoyen – Lexvalor Abogados.

 

 

Debido a la situación global actual, en la que la pandemia generada por el COVID-19 aqueja a la población del mundo, y que en nuestro país ha devenido en medidas gubernamentales restrictivas de movilidad, toque de queda, estado de excepción, suspensión de actividades y por ende del ejercicio de actividades comerciales; las relaciones y obligaciones jurídicas correlativas derivadas de actos y contratos pueden verse afectadas.

 

En este contexto, el Gobierno del Ecuador ha decretado el Estado de Excepción por calamidad pública (Decreto 1017 de fecha 16 de marzo de 2020) por el plazo de sesenta días, en los que existe la restricción de movilidad y por ende el impedimento para el libre ejercicio de actividades públicas y privadas. Por esta razón, es importante conocer los lineamientos legales de carácter general, que debemos tener en cuenta en caso de encontrarnos frente al incumplimiento de una obligación contractual en circunstancias de caso fortuito y/o fuerza mayor, como podría considerarse la situación actual.

 

Doctrinariamente, se distingue al caso fortuito de la fuerza mayor siendo el primero un hecho imprevisible y la fuerza mayor lo irresistible. De acuerdo a nuestra legislación, no existe distinción alguna y ambos tienen el mismo tratamiento. Es así que de acuerdo al Código Civil ecuatoriano, caso fortuito o fuerza mayor constituye “el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” Es entonces, causal eximente de responsabilidad frente al incumplimiento de obligaciones, el hecho imprevisible, irresistible y actual.

 

Para saber cómo utilizar esta normativa, es primordial recordar lo siguiente:

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el Código de Comercio ecuatoriano en concordancia con el Código Civil, establece que el caso fortuito o fuerza mayor constituyen una causa justificada de incumplimiento, sin embargo, establece también en su Artículo 349 que, en caso de ser útil para el acreedor o contraparte, el plazo por el que se mantenga la causa imprevista, prorrogará el plazo para el cumplimiento de la obligación.

 

La difícil situación global y en específico de nuestro país bajo las órdenes emanadas por autoridad competente, el Presidente de la República, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y los Alcaldes de las respectivas ciudades, en aras de proteger a la población ante la propagación del COVID – 19, sin duda acarrearán casos en que las obligaciones asumidas entre partes no puedan ser cumplidas en forma total y deba ser necesario el revisar y sustentar las causas que acarrearon dicha situación.

 

Finalmente, cabe recalcar que cada caso deberá recibir el tratamiento específico que por su naturaleza le competa. Se deberá observar la normativa general ya referida y sobre todo, las reglas estipuladas en los respectivos contratos. No obstante, es altamente recomendable procurar el cumplimiento de lo convenido dentro del marco de lo legalmente permitido y de encontrarse ante la imposibilidad de cumplirlo, documentar todo lo que fuera pertinente en caso de requerirse su futura comprobación.